La Justicia federal ordenó un peritaje contable sobre el patrimonio de Cristina Kirchner en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, reabierta por la Cámara Federal porteña a fines de 2024. La investigación, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, analizará la evolución de los bienes declarados por la expresidenta entre 2009 y 2015, con especial énfasis en la compra, venta y valuación de propiedades en Río Gallegos y El Calafate, la relación con Austral Construcciones de Lázaro Báez, y los movimientos financieros en sus cuentas bancarias y sociedades vinculadas.

Uno de los puntos clave de la investigación es una propiedad en la calle 25 de Mayo de Río Gallegos, cuyo valor declarado habría sufrido modificaciones. Además, se examinará la cesión de un terreno en El Calafate a Báez y la inscripción de un predio de 87.000 metros cuadrados a nombre de Néstor Kirchner, a pesar de figurar como copropietario junto con la empresa constructora desde 2006.

El peritaje, solicitado el 26 de diciembre antes del inicio de la feria judicial, evaluará los ingresos declarados por la exmandataria y su grupo familiar en comparación con su nivel de gastos, así como posibles inconsistencias en la documentación que respalde su crecimiento patrimonial. También se ha requerido información al Registro de la Propiedad Inmueble de Santa Cruz y a la Municipalidad de El Calafate, además de solicitar al Juzgado Civil de Santa Cruz copias certificadas del expediente de sucesión de Néstor Kirchner, ante la sospecha de omisión de bienes en la herencia.

La causa no es nueva: en varias oportunidades, distintos jueces determinaron que no había pruebas suficientes para procesar a Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito. En junio de 2024, el juez Julián Ercolini archivó una causa similar que abarcaba su período presidencial.

Las partes involucradas ya fueron notificadas y podrán designar peritos de su confianza para intervenir en el proceso. Por su parte, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) representará al Ministerio Público Fiscal. Mientras tanto, la exvicepresidenta enfrenta un pedido de decomiso de 80.000 millones de pesos en la causa Vialidad.