La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó este martes que el equipo económico del Gobierno aún trabaja en la reglamentación del incremento salarial anunciado por el presidente Luis Arce, que establece un aumento del 10% al salario mínimo nacional y del 5% al haber básico.

“En este momento hay detalles que se están trabajando de manera muy seria, muy responsable, y eso lo está viendo el equipo económico del Gobierno”, señaló Alcón en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que los alcances específicos se darán a conocer este miércoles 1° de mayo, cuando se emitan los decretos supremos correspondientes en el marco de la celebración del Día del Trabajador. Hasta ahora se confirmó que el ajuste alcanzará a sectores como salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas, mientras que los otros sectores están sujetos a la reglamentación.

Consultada sobre una eventual resolución parlamentaria para excluir a legisladores de este ajuste, Alcón indicó que “lo urgente” es terminar el trabajo técnico y emitir la normativa respectiva.

El anuncio fue hecho el lunes en Casa Grande del Pueblo, donde el presidente Arce justificó el incremento señalando que responde al alza del costo de vida y busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Empresarios expresan su profunda preocupación

Desde el sector privado, varias instituciones manifestaron su preocupación y rechazo al incremento.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Rolando Kempff, advirtió que esta medida tendrá impactos negativos inmediatos sobre la inflación, la estabilidad laboral y la viabilidad de cientos de empresas. “Un incremento salarial de esta magnitud, sin consenso real ni evaluación de la situación económica, podría agravar la informalidad, provocar cierres de pequeñas y medianas empresas y afectar la creación de empleos formales”, sostuvo Kempff, donde también alertó que Bolivia enfrenta un contexto económico de bajo crecimiento, déficit fiscal elevado y problemas de liquidez, por lo que adoptar medidas de alto costo social y económico resulta “sumamente irresponsable”.

Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio (CNC), a través de su presidente Eduardo Olivo, expresó que el ajuste salarial podría provocar alzas de precios y pérdida de empleos, en un escenario ya deteriorado por la crisis económica. “La decisión no fue producto de un verdadero diálogo tripartito y podría afectar la sostenibilidad de muchos emprendimientos”, advirtió.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) también expresó su rechazo mediante un pronunciamiento público, señalando que la medida profundizará el estancamiento económico, impulsará la inflación y perjudicará gravemente la competitividad de la producción nacional.

En conjunto, el sector privado pidió reconsiderar el incremento anunciado y exigió que futuras decisiones de impacto económico incluyan un diálogo serio y responsable entre Estado, empresarios y trabajadores para proteger el empleo formal y la estabilidad macroeconómica del país.