El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió este miércoles un fallo histórico a favor de la biodiversidad del país, ordenando la creación de un Plan Nacional para la Protección del Jaguar (Panthera onca), además de ratificar la vigencia de la pausa ambiental, lo que implica la prohibición de quemas y suspensión de autorizaciones para esta práctica en todo el territorio nacional.

La medida surge tras una audiencia pública convocada por una acción presentada por la diputada María René Álvarez, quien denunció biocidio y tráfico internacional de jaguares en el Área Natural de Manejo Integrado San Matías, en Santa Cruz. El fallo obliga a instituciones estatales, como el Ministerio de Medio Ambiente, el SERNAP, la Defensoría del Pueblo, la Aduana Nacional, y gobiernos locales, a coordinar en un plazo de 90 días acciones concretas de protección a esta especie en riesgo y su ecosistema.

En una actuación que generó indignación en sectores ambientalistas, el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, había remitido un informe al Tribunal Agroambiental solicitando declarar improcedente la acción ambiental. Argumentó que no existía una ley procesal específica que regule estas medidas y que por tanto no se debía dar curso al proceso judicial. Pese a su postura, el Tribunal decidió avanzar con las acciones de protección tras escuchar a expertos, colectivos ambientales y autoridades regionales.

Este fallo marca un precedente importante en materia ambiental, ya que no solo blinda legalmente la conservación del jaguar en cinco departamentos, sino que impulsa una agenda institucional que podría replicarse en la protección de otras especies en riesgo.

La diputada Álvarez celebró la decisión y señaló que “la vida y la biodiversidad no pueden seguir esperando, esta es una victoria para el país, pese a la indiferencia de algunas autoridades nacionales”.