Alberto Fernández llegó a Comodoro Py al mediodía, citado por el juez federal Sebastián Casanello para ampliar su indagatoria en la causa seguros. Ya había sido indagado en noviembre de 2024 cuando la causa estaba a cargo de Julián Ercolini. En esa ocasión, Fernández solo respondió preguntas de su abogada, Mariana Barbitta, y presentó un escrito defendiendo el decreto 823, que eliminó el sistema de coaseguro y otorgó el monopolio a Nación Seguros.

Sobre los intermediarios en las pólizas, afirmó que “no genera una erogación del erario público” y que las comisiones se limitaron al 10% por decisión interna de Nación Seguros. Intentó despegarse de los brokers: “Si usted pregunta a cualquiera de seguros, quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández como superintendente, le va a contestar los productores de seguros”.

Ocho meses después, ante la proximidad de una definición procesal, pidió ampliar su indagatoria. Casanello lo citó en 24 horas, “Fue rápido a pedido de la defensa, que tenía un viaje previsto”, indicó una fuente judicial.

Ayer, la Cámara Federal revocó la inhibición de bienes de Fernández y otras 50 personas y empresas involucradas en el escándalo de los seguros, y pidió a Casanello resolver la situación procesal de todos. La medida, muy esperada por los empresarios investigados, había impedido desde abril vender o disponer de sus bienes y acceder a cajas de seguridad.

La inhibición afectaba, además del ex presidente, a Alberto Pagliano, Héctor Martínez Sosa, María Cantero, y empresas como Bachellier, San Ignacio, San German y TGG Broker, entre otras, sumando 51 personas y empresas.

El tribunal consideró que “la decisión adoptada carece de la debida fundamentación” ante la falta de definición procesal, según el camarista Martín Irurzun. Eduardo Farah añadió que las indagatorias llevan más de seis meses y no hay indicios de ocultación de bienes. Roberto Boico votó en disidencia para mantener las inhibiciones.

El caso cambió de juez en febrero cuando Ercolini terminó su subrogancia. Casanello revisó la causa, solicitó pruebas nuevas y amplió líneas de investigación, incluyendo a Daniel “El Gordo” Rodríguez, persona de confianza de Fernández, sobre quien pidió un informe patrimonial a ARCA desde 2015.

Otra prueba clave fue un informe de PROCELAC de mayo que analizó la facturación de Fernández entre 2010 y 2019 a Martínez Sosa por servicios profesionales, con un total de $4.257.000 facturados, la última el 6 de diciembre de 2019.

La inhibición de bienes fue ordenada por primera vez en abril de 2024 por Ercolini y luego revocada por la Cámara. En abril de este año, Casanello volvió a congelar los bienes, medida apelada y en espera de definición desde entonces.