Organizaciones afines al expresidente Evo Morales anunciaron una “pausa humanitaria” en los bloqueos de carreteras, pero adelantaron que mantendrán sus medidas de presión mediante movilizaciones, marchas, cacerolazos y protestas urbanas. La determinación fue tomada por el denominado “Pacto de Unidad” y el “Estado Mayor del Pueblo”, tras una reunión de emergencia el 14 de junio.

Según el pronunciamiento difundido por ambas organizaciones, la medida busca permitir la instalación de una investigación internacional sobre los hechos violentos ocurridos en Llallagua (Potosí) y Arque (Cochabamba), donde fallecieron varios civiles y policías durante enfrentamientos en el contexto de los operativos de desbloqueo. Las organizaciones responsabilizan al Gobierno de Luis Arce por el uso de fuerza letal y represión en dichas intervenciones.

Además de declarar un “duelo nacional” en el movimiento indígena-campesino, el pronunciamiento exige a la Asamblea Legislativa no aprobar más créditos internacionales y demanda el inicio de acciones judiciales por supuestos hechos de corrupción. También solicitan la conformación de una comisión internacional para investigar las muertes, detenciones, torturas y presunta persecución política ocurridas en las últimas semanas.

El documento también incluye un rechazo a lo que califican como “rearticulación de grupos paramilitares” en coordinación con el gobierno, y exigen la liberación de detenidos durante las protestas, incluyendo a dirigentes como Ponciano Santos (CSUTCB) y Enrique Mamani (CSCIOB), a quienes califican como “presos políticos”.

Finalmente, señalan como “enemigos del pueblo movilizado” a los ministros de Gobierno, Roberto Ríos, y de Defensa, Edmundo Novillo, a quienes acusan de ordenar los operativos en las zonas de conflicto. Exigen el repliegue inmediato de las fuerzas del orden para evitar nuevos enfrentamientos.

Las protestas iniciadas a finales de mayo por sectores afines al evismo exigían la renuncia del presidente Arce y medidas urgentes ante la crisis económica. El Ejecutivo ha denunciado que las movilizaciones tenían el objetivo de generar desestabilización y boicotear las elecciones.