La diputada por Santa Cruz, Senaida Rojas, y el abogado Rafael Hurtado Roca presentaron este jueves una denuncia formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitando la cancelación de la personería jurídica del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS), que postula al actual alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, como candidato presidencial para las elecciones generales de agosto.

Según el documento entregado al TSE, los denunciantes alegan que la UCS habría incumplido al menos cinco resoluciones emitidas por el Órgano Electoral, lo que, de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento para la Cancelación de Personalidad Jurídica y Gradación de Sanciones, constituiría una causal expresa para su inhabilitación.

La denuncia invoca el artículo 58 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096), que establece que el incumplimiento reiterado de resoluciones del TSE puede derivar en la pérdida de la personería jurídica de una organización política. En ese marco, los denunciantes solicitaron ser reconocidos como partes legítimas en el proceso y pidieron al Tribunal que se dé curso al procedimiento correspondiente.

Rafael Hurtado, quien actualmente figura como candidato en las listas del partido Nueva Generación Patriótica (NGP), expresó su posición también a través de redes sociales. “Ya está. UCS ha incumplido 5 resoluciones, por culpa de Jhonny Fernández. Esta vez su inoperancia le cobra factura a él y a su partido, y no a la ciudad. Este es el final de esta serie. Chau Jhonny, espero que renazcas como un buen tipo”, escribió.

La denuncia plantea un escenario complejo para el partido UCS, que de prosperar el recurso, podría quedar inhabilitado para participar en los comicios nacionales. Corresponderá ahora al Tribunal Supremo Electoral analizar los argumentos y la documentación presentada, y determinar si se cumple con las condiciones para aplicar una sanción de tal magnitud.

Hasta el momento, UCS no ha emitido una respuesta oficial sobre esta acción. Se espera que en los próximos días el TSE comunique si admite o no la denuncia y si se abrirá un procedimiento formal de evaluación.

La presentación del recurso ocurre en un contexto electoral en el que diversas organizaciones políticas se preparan para las elecciones presidenciales de agosto, y donde el cumplimiento de la normativa electoral se convierte en un factor central en la disputa democrática.