El asesinato de Tamara Bravo y las formas extremas de violencia
El femicidio fue incorporado al Código Penal sobre fines del año 2012 como forma agravada del delito de homicidio simple. La figura punitiva prevé una pena de reclusión o prisión perpetua, para quien matare a su "ascendiente, descendiente, cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja mediare o no violencia". La pena se agrava también cuando las muertes corresponden a personas trans.
Sobre los femicidios como sobre la violencia de género se dicen, se escuchan, se ven y se leen muchas opiniones que no siempre se ajustan a la verdad. En principio, las mujeres no son "culpables" de su destino fatal: a ninguna mujer le gusta ser maltratada o golpeada ni se merece trato denigratorio alguno. Los femicidas son sujetos violentos y sus acciones no tienen justificativo alguno; suelen ser exculpados socialmente atribuyendo actitudes no aprobatorias a las prácticas de las mujeres no ligadas a la moralidad dominante (usar determinada vestimenta, salir sola, tener amigos de otro sexo).
Se trata en general de muertes evitables: las mujeres cuyas vidas se extinguen en manos de sus femicidas han recorrido un largo camino que incluye comisarías, fiscalías, defensorías, juzgados, estudios privados, consejerías, etc. intentando aminorar esa posibilidad de muertes absurdas. También incluye idas y vueltas en términos personales. Sin embargo, en ocasiones, el derrotero es en vano y para algunas, como Tamara Bravo, no hubo red que pueda contener su demanda institucional de cuidado para sí misma.
Las mujeres "avisan" como pueden sobre el peligro al que están sometidas: las lesiones, las amenazas de muerte, la privación de contacto con familiares o amigos/as, la negación de asistencia alimentaria, los abusos sexuales consumados al interior de la pareja, los llamados o mensajes insistentes, etc. constituyen claros indicios de la peligrosidad en la que se encuentra quien se anima a denunciar los hechos.
Muchas veces no se llega a tiempo desde el Estado, aunque hay establecidas medianamente una serie de políticas preventivas -por ejemplo la distribución de botones antipánico, los grupos terapéuticos para víctimas y violentos, las mesas de trabajo y concertación interinstitucionales, el trabajo en las aulas- tendientes a minimizar los desenlaces fatales y a mejorar la calidad de vida de las personas violentadas.
El problema es de índole cultural y la violencia de género está fuertemente arraigada e invisibilizada en la sociedad en una multiplicidad de prácticas (la educación, la política, la salud, las relaciones interpersonales, el trabajo etc.). Urge, entonces, instalar el tema con más énfasis en la agenda política y mediática que posibilite cuestionar los mecanismos de reproducción acrítica de prácticas violentas naturalizadas que actúan en desmedro de las mujeres como también promover un marco integral de derechos entre ellos el respeto en la diversidad y la igualdad en todos los ámbitos donde las mujeres desarrollan sus actividades, incluyendo los ámbitos privados/ domésticos.
Asimismo, y si bien es tarde porque los femicidios han cobrado más vidas, se espera que el tratamiento de justicia sancione firmemente la violencia hacia las mujeres, con sentencias que valoren el derecho a la vida y con perspectiva de género.
Que la muerte de Tamara, así como la de muchísimas otras mujeres, no sean desapercibidas. Que sus ausencias se concreten en decisiones políticas, acciones de gobierno y prácticas de concientización acordes con la gravedad de la problemática.
Firman: Lic. Pata Pérez por ECCyGE (Estudios de Comunicación, Cultura y Género) Facso /UNCPBA. Lic. Gabriela Gamberini, Vicedecana Facso /UNCPBA. Lic. Carolina Planes por PPEM (Programa Permanente de Estudios de la Mujer) Facso/UNCPBA. Carlos Rodríguez por CheSida Facso/UNCPBA. Florencia Popp de la Delegación de Inadi en la Provincia de Buenos Aires.