La noticia se conoció ayer a través de la edición digital de la revista platense especializada en política "La Tecla" y confirmada en Olavarría por el jefe de Gabinete, Héctor Vitale, quien admitió la existencia de un encuentro con el Patronato de Liberados, aunque subrayó que "no se pueden superponer funciones o facultades", dejando en claro que el trabajo de reinsertar en la sociedad a quienes han delinquido es del Patronato de Liberados, por lo que conseguirles empleo no es un deber del Municipio.

"La Tecla" cita declaraciones del intendente José Eseverri, quien dijo que "desde el Patronato de Liberados se han puesto en contacto con el municipio, pero no tenemos ninguna propuesta concreta, no hay nada específico".

La consulta a Eseverri era evidentemente obligada, ya que en Sierra Chica está la Unidad 2, la cárcel de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires, además de las unidades 27 y 38.

Si hay una ciudad del interior bonaerense con historia y experiencia sobre la interacción entre comunidad y población carcelaria esa es Olavarría.

Según la revista platense, "desde la Provincia buscan integrar a ex convictos, y para ello piensan en los intendentes que cuentan con unidades carcelarias. Los alcaldes del interior ven ''difícil'' que puedan emplearlos".

Se agrega que "desde el ministerio de Justicia y Seguridad buscan dar un paso que causa resquemores en los intendentes del interior que cuentan con unidades carcelarias. Días atrás se comenzó a trabajar con la posibilidad de darle un giro al Servicio Penitenciario Bonaerense, que dirige la abogada Florencia Piermarini. La intención de las autoridades, como método para bajar la reincidencia, es convocar a los diferentes intendentes de localidades donde hay cárceles y a otros sectores para comenzar a trabajar desde el sector público con aquellos presos que salen en libertad".

Previsiblemente, se consigna que "los alcaldes del interior no se muestran del todo conformes con la medida".

A partir de allí se citan fuentes a las que no identifican, salvo a José Eseverri, una de las cuales explicó con claridad que "tenemos precauciones en qué declarar, porque no sabemos cuál puede ser la reacción de la sociedad", frase adjudicada a una persona que habló "desde un distrito del mismo signo político que el Gobierno".

Antecedentes cercanos hacen presumir que, al menos en un sector de la población olavarriense, habrá un fuerte rechazo a una iniciativa de este tipo, aunque seguramente también habrá apoyos incondicionales. El inevitable debate estará teñido por componentes ideológicos y culturales, pero también emocionales.

Precisamente en Sierra Chica, una localidad cuya vida e historia está indisolublemente unida a la cárcel, no son pocos los vecinos que adjudican muchos de sus males a los hombres que se quedan allí una vez que recuperan la libertad.

Como además de trabajo los ex convictos necesitarán casas la implementación de la idea se hace más compleja y pasible de despertar aún mayores resistencias.

El primer e inevitable argumento que esgrimirán los opositores a la idea es previsible: son muchos los olavarrienses que han sido honrados toda su vida y carecen de trabajo y de vivienda, por lo que ellos deberían tener prioridad para cualquier plan de ayuda que se implemente desde el Estado.

Y para aquellos que, por contagio o triste experiencia, se sienten viviendo en una ciudad más insegura y en un mundo más hostil, la idea de compartir espacios con individuos de pasado condenable no les resultará precisamente grata.

Las dificultades que encontró "La Tecla" para conseguir fuentes con nombre y apellido son comprensibles y no sólo por no poder prever la reacción social. Es más políticamente correcto apoyar la idea o, al menos, no oponerse a ella para no aparecer como alguien que le niega a un ser humano el derecho a una segunda oportunidad.

Pero si son demasiados los que se oponen el costo político por una simple opinión puede ser muy alto para cualquiera, como admitieron algunas de las fuentes no identificadas de la revista de la capital provincial.

Sin embargo, no puede descartarse tampoco el surgimiento de una corriente de opinión importante a favor de la idea de la cartera de Justicia y Seguridad, ya que no son pocos los que creen que no se deben escatimar recursos ni esfuerzos para recuperar personas para la sociedad.

"La Tecla" dice que "en las ciudades del interior donde los regímenes carcelarios son semiabiertos, la situación se torna menos complicada, ya que un mínimo de convictos cuenta con la posibilidad de lo que se llama salida transitoria, lo que les permite trabajar durante el día y volver por la noche a la unidad carcelaria en la que se encuentran alojados. Pero en aquellos lugares donde las unidades presentan poblaciones de alta peligrosidad, la resistencia es muy fuerte", como conclusión de las consultas realizadas.

La aséptica posición planteada por Héctor Vitale permite inferir que en el Palacio San Martín el proyecto no es recibido con alborozo y que es improbable que el gobierno municipal se juegue por una idea de difícil implementación, de dudosa imagen y, por si fuera poco, de eficacia todavía por probarse y con posible costo económico.