El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este jueves que Bolivia no sigue las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ratificó que el país mantiene una política económica soberana, centrada en la protección de la demanda interna y el bienestar del mercado nacional.

“Bolivia no tiene ningún programa con el FMI y nuestras decisiones responden a las necesidades internas del país, no a lineamientos externos”, enfatizó Montenegro, en respuesta a las recientes declaraciones del organismo internacional, que recomendó ajustar el gasto público.

El ministro explicó que la política económica del Gobierno prioriza el abastecimiento del mercado interno antes que la liberación de exportaciones, citando como ejemplo el caso del arroz y el aceite, productos sobre los cuales, según dijo, la experiencia ha demostrado que liberar su comercialización sin control perjudica la economía nacional.

En cuanto a la situación fiscal, Montenegro identificó dos factores que han impactado negativamente las finanzas públicas bolivianas:

  1. El encarecimiento del financiamiento externo, debido al aumento global de las tasas de interés.
  2. El bloqueo legislativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que ha impedido la aprobación de créditos externos por un valor significativo.

“El 40% del gasto presupuestado depende de financiamiento externo que no ha sido aprobado por el Legislativo, y eso ha afectado directamente a la ejecución presupuestaria del Estado”, detalló.

Frente a las observaciones del FMI sobre el supuesto “exceso de gasto”, Montenegro respondió que el organismo no toma en cuenta la falta de cumplimiento en los desembolsos previstos, ni el contexto externo que ha provocado la caída de ingresos. “No se trata de un gasto excesivo, sino de factores externos que golpean la economía nacional”, concluyó.

Con estas declaraciones, el Gobierno busca marcar distancia de las recetas del FMI y defender su enfoque centrado en el mercado interno, en un contexto económico marcado por presiones inflacionarias, escasez de divisas y tensiones políticas en torno al financiamiento público.